Con esta demanda colectiva de los usuarios de Meta se abre un nuevo camino para los consumidores de las big tech.
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Entre las múltiples acciones legales en su contra, ahora Meta se enfrenta a una demanda colectiva de sus usuarios por 2300 millones de libras. Específicamente, la class action fue presentada en Reino Unido por el tratamiento de la información personal en la red social Facebook.
Se defiende que, desde la perspectiva de la Normativa de Consumidores y Usuarios de ese país, se estaría pagando un precio injusto por el servicio recibido. Pues argumentan que los usuarios estarían entregando una cantidad ingente de datos a Facebook y el valor que la plataforma obtendría sería claramente desproporcionado. Además, no existiría transparencia respecto de cómo se produce esta contratación.
La legilibilidad de los términos y condiciones de Meta
Liza Lovdahl Gormsen, la abogada a cargo del caso, sostuvo para The Guardian que se explotan los datos sin una compensación adecuada y que los usuarios no saben exactamente lo que sucede. Y es que el 98% de los ingresos de Meta, anteriormente Facebook, provienen de anunciantes que pagan altas cuantías por realizar campañas segmentadas con una mayor conversión. Aunque esta técnica de marketing resulta muy útil, lo cierto es que no puede ser usada de cualquier forma.
Facebook sostiene que la mayoría de usuarios deciden conscientemente que se exploten sus datos y les presenten publicidad. Además, que invirtió mucho dinero en comunicar los datos que se tratan y con quién se están compartiendo. Pero, según el portal Visual Capitalist, sus términos y condiciones requieren unos 17 minutos de lectura, tiempo que la mayoría de personas no podría dedicar. E, incluso quienes los leerían no las comprenderían por lo farragosas que son.
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La imposibilidad de los anunciantes de demostrar responsabilidad proactiva
Este es un problema que no solamente se da respecto de los usuarios, sino también respecto de los anunciantes. Pues cuando encargan anuncios segmentados en Facebook, actúan como responsables del tratamiento mientras que la plataforma actúa como encargada. Pese a que solo la red social puede acceder a los datos personales en cuestión.
Y, por sus condiciones tan opacas, resultaría muy difícil que el responsable evalúe cómo se realiza el tratamiento de datos de carácter personal y su cumplimiento normativo. Esto supondría un grave riesgo para las empresas, que no podrían cumplir con el principio de responsabilidad proactiva.
Recordemos que España ya impuso sanciones por no supervisar suficientemente a los encargados. Por ejemplo, el caso Vodafone, en relación con determinadas personas que realizaban llamadas en su nombre y que no fueron supervisadas adecuadamente, según la AEPD.
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Las big tech frente a las demandas colectivas
La relevancia de esta demanda colectiva de 2300 millones de libras es que se está abriendo poco a poco la posibilidad de acciones colectivas frente a las big tech. En España, el Real Decreto-Ley 7/2021, de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de defensa de consumidores, declara que son consumidores y usuarios aquellos que están contratando con una empresa que se compromete a suministrarle contenidos digitales y cuya contraprestación serían datos personales. Hasta ahora no se habían considerado consumidores y usuarios porque no existía una compensación directa.
Conviene recordar que en materia de consumidores y usuarios existen las acciones colectivas, que en España solamente se dan en materia comercial. En consecuencia, supondría, como mínimo, la posibilidad de que las asociaciones de consumidores y usuarios ejerzan acciones de cesación, puesto que estarían legitimados.
Así, si se observa una conducta contraria a la normativa de consumidores y usuarios, estaría habilitada esta posibilidad. Piénsese, por ejemplo, en la insuficiencia del derecho de información, la opacidad del tratamiento, la existencia de cláusulas abusivas, las posibles relaciones de falta de reciprocidad, etcétera.
Está por ver cómo se desarrolla esto jurisprudencialmente, puesto que es una materia realmente muy complicada. Lo cierto es que esta acción colectiva y las nuevas normativas, están poniendo a Meta y otras compañías que se dedican a prestar servicios a cambio de datos de carácter personal, en una posición difícil. Veremos qué sucede en el futuro.
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