Uso no autorizado de derechos de autor en libro del BOE y del TS.
Fuente: Canal de YouTube Actualidad IP & IT
8 de 9 capítulos y 2 de 5 apéndices del libro El Tribunal Supremo del Reino de España pertenecen a autoras que no han sido reconocidas. La obra, publicada en 2017 por el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Tribunal Supremo consistiría en un uso no autorizado de derechos de autor. La evidencia ha generado conflicto entre ambas instituciones, que se niegan a asumir responsabilidad por la utilización.
Confilegal reseñó el caso, recogiendo la denuncia de una de las autoras omitidas, la historiadora María Luisa Román. Ella señaló que se percató del plagio cuando trató de comprar una copia de su propio libro, editado en 2008 bajo el mismo título. Y, en su lugar, se encontró con la versión de 2017, donde ella y, la licenciada en Derecho, Matilde Chamorro no aparecen como autoras.
Tras una revisión de la nueva versión, se encontraron con que el 88% de los capítulos y el 40% de los apéndices son un acopia literal del primer libro. Pero esta nueva obra no aparecía como una reedición, sino que contaba con un ISBN distinto, como si de una primera edición se tratase.
El libro de 2008 salió a la venta tras suscribirse a un acuerdo de colaboración para la coedición entre las instituciones mencionadas. Y en la primera edición constaban seis autores. Sin embargo, Confilegal indica en artículos anteriores que la práctica totalidad del libro fue escrita por María Luisa Román y Matilde Chamorro. Siendo solo el capítulo introductorio escrito por el vizconde de Ayala.
A raíz de esta situación, Confilegal envió un cuestionario con 15 preguntas sobre el caso a todas las partes implicadas. Pero inicialmente el BOE respondió indicando que no tiene nada que ver con la reproducción no autorizada y que únicamente actuó como una imprenta del libro del Tribunal Supremo.
Posteriormente, se publicó la versión de esta última institución respondiendo que los derechos de autor de la nueva edición corresponden a la Agencia del BOE, la cual designó el director del proyecto, al responsable de coordinación y asumió los costes de impresión, encuadernación, difusión y fijó el precio de venta.
De esta manera, ninguna de las dos instituciones asumen la responsabilidad y quedan muchos interrogantes por resolver. De no encontrarse una solución al asunto podría llegar a materializarse en un conflicto de tribunales por uso no autorizado de derechos de autor.
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